La reducción del absentismo laboral y de sus costes, una de las reclamaciones históricas de la patronal, ha entrado en la negociación de la reforma del mercado de trabajo como una de las contrapartidas que Gobierno y sindicatos están dispuestos a conceder para lograr la firma de la CEOE. La cobertura de las bajas por enfermedad podría pasar a ser financiada totalmente por la Seguridad Social, ahorrando a los empresarios unos 1.000 millones de euros anuales.
Actualmente, las empresas están obligadas a costear la prestación por incapacidad temporal (IT) de sus empleados durante los primeros quince días de baja (los cuatro primeros siempre corren de su cuenta porque no se produce baja), y el Estado asume el coste a partir del día 16. Sólo si la ausencia se produce por una enfermedad profesional, es la Seguridad Social quien corre con todo el proceso desde el primer día. Este procedimiento, sin embargo, podría cambiar si agentes sociales y Gobierno logran pactar la reforma laboral.
Fuentes cercanas a la negociación han revelado a CincoDías que la obligación empresarial de cubrir la baja entre los días cinco y quince de la misma, está siendo debatida en la mesa de diálogo social. El Gobierno se ha ofrecido a ampliar la cobertura de la Seguridad Social, que podría llegar a financiar la incapacidad temporal desde el quinto día. Esta operación, equivaldría a una rebaja de 0,3 puntos de cotizaciones, es decir, más de 900 millones de euros.
La CEOE lleva tiempo reclamando que este coste sea asumido por el sistema, y los sindicatos podrían ceder en este punto dado que los afectados seguirían estando igualmente cubiertos. La Seguridad Social tiene margen para ampliar su papel, dado que su nuevo sistema de control de las bajas ha permitido rebajar el gasto durante los tres últimos años. El pasado año, la IT costó a las arcas del Estado unos 7.226 millones (un 4.08% menos que el año anterior).
A una semana de que concluya el plazo de negociación, la falta de entendimiento en otros puntos (como el coste del despido) hace peligrar, sin embargo, la posibilidad de una reforma laboral pactada. Los sindicatos ya han advertido que la resolución del Gobierno de llevarla a cabo unilateralmente de todas formas, justificaría una huelga general.
