Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional podrán compensar a las empresas que promuevan programas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo o a flexibilizar el cambio de puesto de trabajadores enfermos, informó hoy el Ministerio de Trabajo.
La compensación se realizará a cargo de los excedentes de las mutuas y se destinarán a compensar los gastos en que incurran las empresa por poner en marcha dichos programas, que además deberán ser pactados entre empresarios y trabajadores.
Se trata de una de las medidas incorporada a la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria para mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, de la que han informado los responsables de la Seguridad Social a los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión de Seguimiento celebrada este jueves.
Según informó Trabajo, esta medida ya existe, fruto de acuerdos emanados del diálogo social, para los programas de disminución de la siniestralidad laboral y de las enfermedades profesionales. Pero no existía aún para enfermedades que, sin pertenecer a los listados de enfermedad profesional, guardan relación con las condiciones de trabajo, tales como muchas de las patologías psicosociales.
Para el reconocimiento de este incentivo se exigirá un plan pactado, en el ámbito de la empresa, con la representación de los trabajadores.
La Administración de Seguridad Social ha ofrecido a representantes de trabajadores y empresarios pactar la regulación de estos procesos de colaboración, a fin de conseguir que la reducción del absentismo pase no sólo por el control, sino por la mayor flexibilidad de la jornada, el cambio de condiciones de trabajo, y la reubicación de los trabajadores enfermos, que mejoren la salud integral de los trabajadores.
Las mutuas también podrán anticipar procesos de rehabilitación derivados de lesión o enfermedad común de los trabajadores, y evitar que las listas de espera dilaten su recuperación con perjuicios para su salud.
En la reunión también se dio cuenta de la inclusión durante la tramitación parlamentaria, de una enmienda que garantiza el cobro en dinero líquido del salario mínimo interprofesional, evitando descuentos abusivos por salario en especie que afectaban a los colectivos más desfavorecidos (empleadas de hogar, contingentes extranjeros y otros).
