Un borrador de real decreto en el que se "establecen los criterios básicos" para "desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención" ha causado gran inquietud entre los especialistas en medicina del trabajo. El texto suaviza los requisitos que deben tener los servicios médicos en los centros de trabajo, o los de las mutuas que dan asistencia externa. Si ahora es obligatorio que haya un médico por cada 1.000 trabajadores, el decreto establece que será a partir de 2.000. Además, abre la puerta a que, a partir de esa cifra, las siguientes plazas no las ocupen médicos del trabajo, sino "personal sanitario".
El presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, Antonio Iniesta, cree que, a corto plazo, con la "liberalización" implícita al anteproyecto se va a crear una guerra de precios a la baja que va a echar a los profesionales al sector público, y va a propiciar que se contraten médicos no especializados. Y lo mismo pasa con el personal de enfermería. "Los médicos buenos se irán", vaticina.
"Y a los que no se vayan, los echarán, porque habrá menos trabajo para ellos. Al pasar de 1.000 a 2.000 empleados, se puede perder fácilmente un 50% de puestos de trabajo", afirma.
Requisitos dispares
Los servicios de prevención están compuestos por personal de distinta procedencia (médicos y enfermeros, pero también expertos en seguridad, ergonomía e higiene industrial). Y su regulación se hace en cada comunidad. De manera que los requisitos y los cometidos no son iguales.
Otro aspecto que cree que se debería haber introducido en el decreto es la creación de una historia clínica laboral única. Según explica Iniesta, un trabajador de un sector con mucha movilidad, como puede ser la construcción, que puede tener al año cinco contratos, puede encontrarse con que su expediente esté repartido entre cinco mutuas. Y ello por no hablar de que tampoco está coordinado con el del sistema nacional de salud.
"Un real decreto tiene la ventaja de que puede establecer pautas comunes, y eso se pierde" si se deja que se fijen en otros niveles, dice Iniesta. Por eso su conclusión del texto es que, aparte de sus carencias y los cambios que supone frente a la regulación anterior, es "una ocasión perdida".
