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27 febrero 2018 / Publicado en Actualidad

El absentismo laboral en Espana costo en 2017 mas de 76.000 millones de euros

Fuente: AMAT

CEPYME y AMAT firman un acuerdo de colaboracion para el desarrollo de una herramienta de calculo del coste del absentismo derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC).

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) han firmado hoy un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una herramienta online, que permitirá a pymes y autónomos asociados a CEPYME calcular el coste económico del absentismo laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC).

 

El acto ha contado con el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi Lecanda, y el presidente de AMAT, Mariano de Diego Hernández.La "Calculadora ITCC" que AMAT pondrá a disposición de CEPYME ofrece a pymes y autónomos una valiosa información para conocer el coste económico (directo y de oportunidad) que suponen los procesos de ITCC.

 

El absentismo laboral por ITCC, según ha apuntado Garamendi, representó en 2017 en nuestro país un coste, en términos de prestaciones económicas de la Seguridad Social, equivalente a 6.614,46 millones de euros, un 10,37% más que en 2016. A esta cantidad se suma un coste directo que dichas bajas laborales representaron para las empresas, de 6.273,99 millones de euros, y el coste de oportunidad, en términos de la producción de bienes y servicios que se dejaron de prestar o producir, y que ascendió a 63.863,20 millones de euros. Así, el coste total del absentismo por ITCC en 2017 se elevó a 76.751,65 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,01% respecto al ejercicio 2016.

 

Durante 2017 se produjeron alrededor de 4.557.636 procesos de ITCC, un 6,72% más que en 2016, cuando la población protegida se estima que creció un 3,60%. "La duración de los procesos de ITCC equivale a decir que, durante 2017, más de 920.000 trabajadores no acudieron ningún día a su puesto de trabajo", ha expresado Garamendi.

 

 

Las Mutuas demandan una financiación adecuada y más herramientas de gestión para esta prestación

 

De Diego, por su parte, ha expresado "la necesidad del Sector de Mutuas de contar con más herramientas de gestión y de una financiación adecuada y suficiente en Contingencias Comunes". El presidente de AMAT ha recordado que las prestaciones en concepto de ITCC corren a cargo de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. A su vez, ha añadido De Diego, las Mutuas suponen el 80% de la afiliación por contingencias comunes en términos de trabajadores, y casi el 84% en términos de empresas y, gracias a su gestión de las contingencias comunes, consiguen un ahorro a la Seguridad Social de 3.945,5 millones de euros.

 

Asimismo, también ha demandado que las Mutuas puedan realizar actividades preventivas orientadas a la reducción del número de procesos de Incapacidad Temporal y su duración, en beneficio de los trabajadores, de las empresas y de la Seguridad Social.Por ese importante papel de las Mutuas en su condición de entidades colaboradoras con la Seguridad Social, el presidente de AMAT reitera a la Administración la necesidad de revisar la financiación que reciben las Mutuas para atender el pago de las prestaciones por ITCC, ya que "en la actualidad es claramente insuficiente". Los gastos en prestaciones por estas contingencias en 2017 supondrán para las Mutuas 4.495,93 millones de euros, mientras que los ingresos que percibirán serán de 4.372,93 millones. Añadiendo los gastos de funcionamiento, el resultado para el ejercicio 2017 en la gestión de esta prestación supondrá un importe negativo de 461,42 millones de euros, "y ello colocará a 18 Mutuas en una situación deficitaria", adelanta De Diego.

 

Entre las herramientas de gestión que demandan las Mutuas está, principalmente, poder dar el alta médica en los procesos de accidentes o enfermedades no laborales relacionados con patologías traumatológicas o psiquiátricas, estableciendo un sistema para que los trabajadores disconformes puedan recurrir en vía administrativa, al igual que existe en el caso de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que vienen utilizando las Mutuas desde hace décadas.

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