Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son asociaciones de empresarios, por consiguiente con naturaleza jurídica privada, que colaboran con la Administración en la gestión de prestaciones públicas.
Las relaciones laborales de este colectivo de trabajadores y trabajadoras vienen reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y sus condiciones salariales se negocian, por las organizaciones empresariales y sindicales, en el marco del Convenio Colectivo Sectorial para las empresas de Seguros, Reaseguros y Mutuas, de acuerdo con cuanto establece la legislación vigente en la materia.
Sin embargo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 estableció, para estos trabajadores y trabajadoras, la misma limitación que para el personal laboral del sector público; es decir, que su masa salarial no podría experimentar un crecimiento superior al 0,3%.
Ahora, el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE de ayer, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados el próximo jueves, vuelve a castigar a los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, rebajando su masa salarial en un 5%. Vulnerando flagrantemente el derecho a la negociación colectiva consagrado en nuestra Constitución.
Estos trabajadores pueden ser despedidos, ver modificadas unilateralmente sus condiciones laborales, sancionados o trasladados por sus empresas, pero según el Gobierno no parece que puedan negociar libremente sus condiciones retributivas. Por otro lado, la Administración les imponen el mismo recorte en sus salarios que a los funcionarios públicos, pero no les dota de sus garantías de seguridad y estabilidad en el empleo.
Este contrasentido ha sido denunciado reiteradamente por COMFIA-CCOO, sin que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, órgano que tiene encomendado la tutela de las Mutuas, haya garantizado la aplicación de las condiciones salariales derivadas del convenio colectivo, tratando a estos trabajadores como ciudadanos de segunda categoría.
Para COMFIA-CCOO este nuevo ataque contra el derecho a la negociación colectiva no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una campaña de intervencionismo desmesurado que provoca continuas agresiones contra los derechos de cerca de 23.000 trabajadores y trabajadoras, y es consecuencia directa de la “anómala” situación de estas Entidades, consideradas privadas por los empresarios y públicas por la Administración.
Algunas de estas medidas podrían considerarse de dudosa legalidad, pues la Secretaría de Estado de Seguridad Social no tiene competencia alguna en materia de empleo o de relaciones laborales, sino exclusivamente en materia presupuestaria y suponen una clara discriminación con respecto a otras actividades profesionales, en un sector que durante 2009 ha perdido ya más de medio millar de puestos de trabajo.
Para Comfia-CCOO, que valora interponer un recurso contra esta medida y que planteará a sus órganos de dirección sumarse a la convocatoria de Huelga General del sector público del próximo 8 de Junio, la reforma del marco normativo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social es una cuestión inaplazable, para dotarlas de un marco de actuación mejor definido y estable, mayores garantías para los usuarios de sus servicios y un sistema de gestión con participación activa de las organizaciones sindicales y de la administración.
