Dicha reclamación tiene por objeto evitar que resulte de aplicación la reducción salarial recogida en el referido Real Decreto a los trabajadores de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), al personal de las Fundaciones Publicas y a los empleados del Banco de España.
En cada uno de los escritos presentados se detallan los motivos por los cuales en opinión de COMFIA – CC.OO. el Real Decreto vulnera los derechos constitucionales de los trabajadores referidos.
En todos los casos se vulnera el derecho a la negociación colectiva en la vinculación que esta tiene con el derecho constitucional a la libertad sindical, toda vez, que los trabajadores afectados tienen su Convenio Colectivo y los compromisos en ellos establecidos son alterados unilateralmente por el Real Decreto, vulnerando igualmente el derecho reconocido en la Constitución de garantizar la seguridad jurídica.
Se encuentra fuera de toda duda que las Mutuas, como asociaciones de empresarios, mantienen su naturaleza jurídica privada y, por tanto, las relaciones laborales que mantienen con los trabajadores se encuentran dentro del ámbito del Estatuto de los Trabajadores. Lo mismo ocurre con los trabajadores de las Fundaciones del Sector Publico, que no son funcionarios ni tampoco personal laboral al servicio de la administración publica, manteniendo una relación laboral común.
El gobierno no tiene competencias en materia de relaciones laborales y salariales sobre los trabajadores del Banco de España y estos establecen sus condiciones salariales y laborales por medio de su convenio colectivo de empresa y en el marco del principio de independencia de los Bancos Centrales Nacionales frente a los gobiernos de los estados miembros.
La inclusión de los trabajadores de las Mutuas, las Fundaciones y el Banco de España en las medidas de recorte y la exclusión de las sociedades mercantiles o entidades empresariales públicas constituye una discriminación y una vulneración del principio de igualdad ante la ley.
Es por todo ello, que confiamos en que la institución del Defensor del Pueblo respalde nuestro criterio e interponga el referido Recurso de Inconstitucionalidad que permita restablecer los derechos ahora conculcados.
