La ley que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre protección por cese de actividad de trabajadores autónomos supone para este colectivo
"un hito histórico". Así lo califica el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que espera que unos 700.000 trabajadores por cuenta propia empiecen a cotizar durante el primer año para tener acceso a la prestación.
Para alcanzar este objetivo, ATA iniciará pronto una campaña informativa que acerque a los autónomos el contenido de la nueva figura de protección social, que entrará en vigor en noviembre. Entonces, por primera vez, estos trabajadores podrán solicitar a las mutuas de la Seguridad Social el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
Aquellos que quieran acceder a la prestación tendrán que cotizar el 1,7% por la misma (unos 13 euros al mes para la mayoría de los autónomos, según Amor), además de otro porcentaje por las contingencias profesionales -accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-. Estas se mueven entre el 1,5% y el 7% dependiendo del grado de riesgo de la actividad, y también serán obligatorias para tener protección frente al desempleo.
Hoy las cotizaciones por contingencias profesionales son voluntarias para todos los autónomos excepto para los económicamente dependientes y los que realizan trabajos de mucho riesgo (aunque todavía está por concretar cuáles pertenecen a esta categoría).
Es decir, que el autónomo que quiera prestación por desempleo tendrá que inscribirse forzosamente en una mutua y cotizar, por ejemplo, un 3% por contingencias profesionales (esto depende de su actividad) más un 1,7% (que será igual para todos). Actualmente unos 540.000 autónomos de los 3.100.000 que hay en España ya cotizan por accidente y enfermedad.
La duración de la prestación estará en función de los periodos de cotización anteriores al cese de la actividad. Se podrá cobrar, como máximo, durante un año, siempre que se haya cotizado al menos 48 meses, 12 de los cuales de forma continuada e inmediata a la situación de paro. En el otro extremo, el mínimo para recibir la prestación es haber cotizado durante 12 meses, lo que daría derecho a 2 meses de cobro.
Esto se traduce en que un autónomo que se inscriba en noviembre, cuando entra la ley en vigor, no podría empezar a gozar de una hipotética prestación por desempleo hasta noviembre del año que viene. Se trata de los primeros pasos de un nuevo derecho social o, como prefiere Amor, de "un gran paso adelante que va a favorecer a los emprendedores, un colchón para que pierdan el miedo a que sus proyectos no salgan bien".
La ley también contempla el cobro de 425 euros durante un máximo de seis meses para aquellos que hayan dejado de trabajar a partir del 1 de enero de 2009, no tengan ingresos, se encuentren buscando empleo e inmersos en algún proyecto de formación. La medida, propuesta por CIU, trata de ofrecer a los autónomos la misma ayuda que reciben los asalariados que han agotado sus prestaciones. ATA solicita una prolongación de ese plazo de seis meses, en un intento de equipararse de verdad a los asalariados, mientras que el PSOE pretende eliminar esta prestación no contributiva. La cuestión está pendiente de debatirse en el Senado, en el marco de la reforma laboral.
