Aún cuando han sido suprimidas tanto la Disposición Transitoria Quinta, como el apartado ocho de la Disposición Final Tercera, sustituyendo la anterior propuesta de reforma del sistema de reservas de estas Entidades Colaboradoras, así como la reducción salarial progresiva de algunos colectivos, mantiene el intento de fijar, a través de la Ley de Presupuestos, la fijación del límite de incremento de las retribuciones de su personal.
Para Comfia-CCOO, las competencias del Gobierno en materia retributiva para el sector de las MATEPSS, finalizan con el establecimiento de los límites presupuestarios sobre la masa salarial, siendo la distribución y aplicación individual de dichas retribuciones competencia exclusiva de las organizaciones sindicales y empresariales, a través de la negociación colectiva, como dispone el Estatuto de los Trabajadores.
En la carta dirigida a los portavoces de PSOE, PNV y Coalición Canaria, en el Congreso, Comfia.-CCOO solicitó a estos grupos políticos, que mantienen un pacto para la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2011, no se opusieran a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda, CIU y PP de supresión de varias disposiciones de esta norma que podrían vulnerar derechos constitucionales de los más de 22.000 trabajadores y trabajadoras de este sector.
El PSOE presentó una enmienda transaccional que suprimía ambas disposiciones, Transitoria Quinta y Final Tercera, pero incorporaba una nueva Disposición Adicional, pendiente de numeración, que mantiene para el personal de las Mutuas y durante 2011, una congelación retributiva con respecto a las cantidades percibidas en 2010, lo que supone prorrogar, al menos en parte, el recorte del 5%-8% sobre sus salarios.
Es preciso insistir en el hecho de que, esta obsesión del Gobierno por fijar condiciones salariales a personas sometidas a un Convenio Colectivo, ya ha sido cuestionado legalmente por la Audiencia Nacional y se encuentra pendiente de pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Comfia-CCOO va a continuar realizando gestiones ante los grupos políticos, ahora en el trámite de los presupuestos en el Senado y en su posterior vuelta al Congreso, para intentar modificar esta situación e insiste en la necesidad de iniciar un debate sosegado y riguroso en el seno del Pacto de Toledo, con la participación de los agentes sociales (sindicatos y empresarios), sobre si el actual modelo de Mutuas es el que realmente precisa nuestra sociedad, así como sobre los posibles cambios que contribuirían a hacer más eficiente y transparente su gestión y la importante función social que llevan a cabo.
