Los sindicatos CCOO y UGT han ofrecido a la patronal CEOE la llave del laborioso acuerdo de negociación colectiva. El precio de aceptar más flexibilidad en las empresas es universalizar un nuevo mecanismo para resolver los desacuerdos laborales que consiste en el arbitraje obligatorio. El último conflicto sonado que fue zanjado con este sistema fue el de los controladores aéreos. La fórmula para dar seguridad jurídica a los arbitrajes es la firma un acuerdo marco con la misma validez que un convenio colectivo.
Se trataría de un megaconvenio que actuaría de paraguas para el conjunto de los asalariados y las empresas. Los sindicatos se reunieron la semana pasada con representantes del Ministerio de Trabajo para profundizar en los aspectos legales de la propuesta, según indicaron fuentes de la negociación.
La conclusión de la consulta es que para que los arbitrajes sean universales y obligatorios –en lugar de la norma general de voluntariedad– es que tienen que estar recogidos en un pacto con validez normativa. Para ello, CCOO y UGT han planteado convertir el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva suscrito entre los sindicatos y la patronal en un convenio en lugar de ser un documento político con meras recomendaciones para los negociadores de los convenios. Los sindicatos quieren dejar claro el derecho a la huelga antes del arbitraje y subrayan que el sistema es más rápido que los juzgados.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró ayer que el refuerzo de la solución extrajudicial de conflictos es un tema "complejo" en el que es posible llegar a un acuerdo, igual que sucede en el objetivo de la flexibilidad de cambiar "la cultura del despido" en las empresas.
Otro de los temas pendientes de última hora es el papel de las mutuas en la lucha contra el absentismo. El líder de la UGT, Cándido Méndez, reiteró ayer las profundas discrepancias existentes en este asunto con la CEOE, que parten de unas cifras de ausencias que las centrales consideran infladas. El calado de este tema y la implicación del Ministerio de Trabajo en la regulación de las mutuas ha hecho que los sindicatos y los empresarios hayan optado por consensuar una declaración de intenciones con el fin de seguir negociando más adelante. En lugar de permitir que las mutuas den la baja y el alta en las incapacidades, Méndez propone "estrechar la colaboración con los servicios de la Seguridad Social".
