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Reforma del marco normativo de las Mutuas

En el año 2011, habida cuenta del proceso de publificación que habían venido sufriendo las Mutuas en los últimos años, y tomando como referencia el Acuerdo social y económico para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones, suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales el 2 de febrero de aquel año, se aprobó la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 27/2011, que recogía el mandato de reformar, en el plazo de un año, el marco normativo de las Mutuas, con el fin de asegurar su carácter privado, protegiendo la libertad del empresario en la elección de la respectiva Mutua, respetando su autonomía gestora y de gobierno, sin perjuicio del control y tutela a desarrollar por la Administración.
Este mandato fue entendido por las empresas asociadas y las propias Mutuas, como un punto de inflexión en el proceso de publificación de estas entidades, por el que se devolvía el gobierno y la organización interna de las Mutuas a las empresas.

Finalmente, tras más de años de retraso, el 29 de diciembre de 2014, se publicó la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

La citada Ley tiene como objetivo el modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, y contribuyendo en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, tal y como lo han venido realizando.

Entre las novedades de la Ley 35/2014, hay que destacar especialmente el cambio de denominación de estas entidades pasando a denominarse Mutuas Colaboradoras “con la Seguridad Social”; de esta nueva denominación destaca especialmente el cambio de la sustitución de la referencia a “de la Seguridad Social” por la de “con la Seguridad Social“. Con este cambio, realmente se refleja que estas entidades son de los empresarios, y en este sentido, la preposición “con” se entiende más acertada, al ser las Mutuas el medio, modo o instrumento que ponen a disposición los empresarios, para hacer algo, es decir, colaborar con la Seguridad Social.

Otras cuestiones de interés que la Ley recoge son las siguientes:

- Las Mutuas forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

- Se establece legalmente la vigencia del convenio de asociación y del documento de adhesión en un año, desapareciendo la moratoria que desde el año 2010 se ha venido incluyendo en distintas normas.

- Se establecen unos límites a las reservas de Contingencias Profesionales y de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos.

- Se reinstaura una Reserva dirigida a financiar la Asistencia Social a favor de los Trabajadores accidentados en situación de especial necesidad.

- Se legaliza la posibilidad de que la Mutua pueda hacer frente a la responsabilidad mancomunada con el Patrimonio Histórico y, en caso de insuficiencia a corto plazo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá autorizar un plan de viabilidad y/o aplazamiento.

® Amat, 2018

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