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Mutuas, entidades Colaboradoras con la Seguridad Social

Especial mención merece el Texto Articulado de la Ley de Bases de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 907/1966, de 21 de abril, que define a las Mutuas como entidades privadas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. En este mismo año se publica el primer Reglamento de Colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2959/1966, de 24 de noviembre, y unos meses más tarde, por Decreto 1563/1967, de 6 de julio, se aprueba un nuevo Reglamento de Colaboración.

En ambos Reglamentos se define a las Mutuas como asociaciones voluntarias de empresarios privados, debidamente autorizadas y constituidas con el único objeto de colaborar en la gestión de las contingencias profesionales, repartiendo los costes y gastos correspondientes mediante el pago de una prima a su exclusivo cargo, con personalidad jurídica y capacidad para realizar toda clase de actos y contratos o ejercitar derechos y acciones, bajo el principio de responsabilidad mancomunada de sus miembros.

Se mantenía la ausencia de ánimo de lucro, requisito compatible con la percepción de extornos sobre el 20% del exceso de los excedentes de su gestión, es decir, sobre el exceso que pudiera resultar de los excedentes una vez cubiertas las reservas establecidas por el propio Reglamento. El 80% restante se destinaba a los fines generales de prevención y rehabilitación. Se sometía a la vigilancia y tutela de su actividad por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a otros controles de la Inspección de Trabajo y de la Inspección de Servicios Sanitarios, pero se mantenía un sistema de autogobierno por los empresarios según lo regulado en los Estatutos de cada Entidad. La tendencia hacia una mayor unidad de gestión preconizada por la Ley de Bases de la Seguridad Social y los requisitos establecidos para la constitución y funcionamiento de las Mutuas por el Reglamento de 1966, motivaron los primeros procesos de extinción, absorción y fusión.

Asimismo, merecen reseñarse tanto la Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General de la Seguridad Social como el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, pues ambas normas introdujeron importantes modificaciones en el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

La primera de dichas normas estableció que las primas, a cargo exclusivo del empresario, tenían a todos los efectos, la consideración de cuotas de la Seguridad Social y la segunda suprimió la posibilidad de extornos. Con esta última modificación se rompía uno de los más importantes principios en que se basa el sistema mutualista, pues ya no existía un auténtico reparto de costes (extornos-derramas) entre los empresarios asociados a la Mutua, sino que sólo en el caso de insuficiencia financiera opera la solidaridad mancomunada de los empresarios asociados y la obligación de la Mutua de fijar las correspondientes derramas. Por otro lado, los bienes en que se inviertan los ingresos de las Mutuas pasan a formar parte integrante del patrimonio de la Seguridad Social, manteniéndose como Patrimonio Histórico o privativo de estas Entidades el incorporado por las mismas con anterioridad al 1 de enero de 1967 y el procedentes del 20% del exceso de excedentes incorporado hasta el 31 de septiembre de 1975.

El Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, por el que se aprueba un nuevo Reglamento de Colaboración de las Mutuas Patronales, incorpora las novedades normativas introducidas desde el año 1972. La Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado establece importantes modificaciones, cuya reforma es definitiva para la configuración del actual régimen jurídico y económico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, tales como que las hasta entonces llamadas Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, pasaron a denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; que se suprimió la prohibición de la asociación a las Mutuas de determinadas entidades y empresas públicas y se amplió el número de empresas y trabajadores necesarios para la constitución y funcionamiento de las Mutuas, pasando de 10 a 50 empresarios y de 2.000 a 30.000 trabajadores.

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