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Ampliación del campo de competencia de las Mutuas

Dentro de este proceso evolutivo llegamos a la publicación de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, que amplía la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social al permitir a los empresarios ya asociados a una Mutua para la cobertura de las contingencias profesionales, concertar con esa misma Entidad la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores a su servicio. Asimismo, se permitió optar por cubrir esta prestación con las Mutuas a los trabajadores autónomos y a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario. Como consecuencia de esta Ley, el nuevo y vigente Reglamento de Colaboración de las Mutuas en la Gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, estableció el régimen para la gestión por las Mutuas de la citada prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes, que estas Entidades comenzaron a desarrollar a partir de 1996.

Asimismo, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, amplió el campo de competencias de las Mutuas al permitírseles desarrollar exclusivamente para sus empresas asociadas las funciones correspondientes a los Servicios de Prevención Ajenos que esa Ley establecía. Posteriormente, la Orden Ministerial de 22 de abril de 1997 vino a regular el funcionamiento de las Mutuas en la realización de actividades preventivas, distinguiendo entre las tradicionales comprendidas dentro de la cobertura de los riesgos profesionales y las que realicen como Servicios de Prevención Ajenos. Al finalizar el año 1998 todas las Mutuas de Accidentes se encontraban acreditadas para desarrollar las funciones como Servicio de Prevención, en una o varias Comunidades Autónomas.

A partir del año 1998, se estableció para los trabajadores autónomos que ejercitasen la opción para la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes, la obligación de formalizar esa opción necesariamente con una Mutua de Accidentes de Trabajo y, desde un punto de vista contable, la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, de 22 de diciembre de 1998, adaptó el Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

En el año 2000, el Mutualismo de Accidentes de Trabajo cumplió un siglo de existencia, existiendo en ese momento 30 Mutuas como resultado del proceso de concentración sectorial iniciado a partir de la aparición del Sistema de Seguridad Social español.

La ampliación del ámbito de competencias de las Mutuas continuó, al reconocérseles a estas Entidades, en el año 2004, competencia para cubrir las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional de los trabajadores autónomos. Como consecuencia de esta nueva competencia, el Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, modificó el Reglamento de Colaboración, con la finalidad principal de incorporar al mismo la regulación relativa al régimen jurídico, administrativo, financiero y contable de la gestión por las Mutuas de la nueva cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores autónomos.

En el marco de esta evolución histórica, debe destacarse el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicios de Prevención Ajenos, superando el carácter provisional con que se dictó la citada Orden y estableciendo una separación de los medios a utilizar por las Mutuas en su doble actividad preventiva y que dio lugar a la construcción de las denominadas Sociedades de Prevención.

Más recientemente, en marzo de 2007, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ha reconocido el carácter de contingencia profesional a la prestación de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, atribuyéndose a las Mutuas o a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, según la opción realizada para su cobertura, la gestión y pago de la misma.

Posteriormente en el año 2010, la Ley 32/2010, recoge por primera vez en el oOrdenamiento español un sistema de protección para los trabajadores por cuenta propia que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica profesional hubieran cesado en la misma por determinadas causas de carácter económico, técnicas, productivas u organizativas, entre otras, reconociendo a las Mutuas la condición de Órgano Gestor para la gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

Por último a partir del año 2011, se amplió la acción protectora de la Seguridad Social, incorporando una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, atribuyendo su gestión y pago a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, a la Entidad Gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

El escenario que se ha podido ver en los últimos años presenta un progresivo incremento de la colaboración con las Administraciones partícipes de la Seguridad Social, en especial con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con un Sector de Mutuas más eficiente en su reversión de los excedentes a la Seguridad Social, a través de la aportación a Servicios Comunes, al Fondo de Reserva de la Seguridad Socialy al Fondo de Prevención y rehabilitación, lo que hace que la utilidad social de las Mutuas y su eficacia en la gestión se constituya en uno de los pilares del Sistema de Seguridad Social y, lógicamente, implica un control sobre las cuentas de las Mutuas, a través de los distintos órganos de la Administración (Intervención General de la Seguridad Social, Tribunal de Cuentas, etc.), que conlleva una mayor transparencia de la colaboración en la gestión de prestaciones de la Seguridad Social, contribuyendo con ello a los objetivos comunes en la cobertura de contingencias de los ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anterior, este proceso de ampliación de competencias, no ha ido parejo en ocasiones con el desarrollo de un marco jurídico adecuado, que ha tenido como principal consecuencia la desconfiguración del carácter privado de las Mutuas, avanzándose hacia una publicación en su funcionamiento diario en detrimento del eficaz modelo privado de gestión de las Mutuas. Es por ello, que Een el año 2011, habida cuenta de esel proceso de publificación que habían venido sufriendo las Mutuas en los últimos años, y tomando como referencia el Acuerdo social y económico para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones, suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales el 2 de febrero de aquel año, se aprobó la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 27/2011, que recogía el mandato de reformar, en el plazo de un año, el marco normativo de las Mutuas, con el fin de asegurar su carácter privado, protegiendo la libertad del empresario en la elección de la respectiva Mutua, respetando su autonomía gestora y de gobierno, sin perjuicio del control y tutela a desarrollar por la Administración.
Este mandato fue entendido por las empresas asociadas y las propias Mutuas, como un punto de inflexión en el proceso de publificación de estas entidades, por el que se devolvía el gobierno y la organización interna de las Mutuas a las empresas.

Finalmente, tras más de años de retraso, el 29 de diciembre de 2014, se publicó la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

La citada Ley tiene como objetivo el modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, y contribuyendo en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, tal y como lo han venido realizando.

Entre las novedades de la Ley 35/2014, hay que destacar especialmente el cambio de denominación de estas entidades pasando a denominarse Mutuas Colaboradoras “con la Seguridad Social”; de esta nueva denominación destaca especialmente el cambio de la sustitución de la referencia a “de la Seguridad Social” por la de “con la Seguridad Social“.” Con este cambio, realmente se refleja que estas entidades son de los empresarios, y en este sentido, la preposición “con” se entiende más acertada, al ser las Mutuas el medio, modo o instrumento que ponen a disposición los empresarios, para hacer algo, es decir, colaborar con la Seguridad Social.

Otras cuestiones de interés que la Ley recoge son las siguientes:

-El reconocimiento legal de las Mutuas como asociaciones privadas de Empresarios, cuestión está de vital importancia.

- Las Mutuas forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

- Se establece legalmente la vigencia del convenio de asociación y del documento de adhesión en un año, desapareciendo la moratoria que desde el año 2010 se ha venido incluyendo en distintas normas.

- Se establecen unos límites a las reservas de Contingencias Profesionales y de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos.

- Se reinstaura una Reserva dirigida a financiar la Asistencia Social a favor de los Trabajadores accidentados en situación de especial necesidad.

- Se legaliza la posibilidad de que la Mutua pueda hacer frente a la responsabilidad mancomunada con el Patrimonio Histórico y, en caso de insuficiencia a corto plazo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá autorizar un plan de viabilidad y/o aplazamiento.

- Se fija como fecha límite el 30 de junio de 2015, para que las Mutuas prescindan de sus Sociedades de Prevención.

En todo caso, la Ley recoge diferentes cuestiones pendientes de un desarrollo reglamentario, y en su Disposición Final Quinta, facultaba al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la nueva normativa, fijando un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley para que se aprueben cuantas normas reglamentarias sean necesarias en relación con el régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno, gastos de administración, procedimiento de formalización de los convenios de asociación y documentos de adhesión, así como su contenido y efectos, régimen de retribuciones y de aplicación de las reservas.

A pesar de lo anterior, a día de hoy aún no se ha producido este desarrollo reglamentario, generando una situación extraña, ya que la Ley 35/2014 ha entrado plenamente en vigor, si bien en numerosos aspectos se tiene que continuar aplicando las previsiones del Reglamento del año 1995.

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